Por Santiago Vizcaíno
Director del Centro de
Publicaciones de la PUCE
Editar libros en las universidades ecuatorianas se ha convertido en un
mandato y en una necesidad vinculados con la acreditación. La Ley Orgánica deEducación superior promulgada en 2010, en su artículo 95, dice: «La
Acreditación es una validación de vigencia quinquenal realizada por el
Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Superior (CEAACES), para certificar la calidad de las instituciones
de educación superior, de una carrera o programa educativo, sobre la base de
una evaluación previa».
En función de acreditarse, entonces, las universidades ecuatorianas
empezaron un agitado proceso de búsqueda, dentro de sus filas, de
investigaciones para publicar. Pero no se tenía claro qué se debía publicar,
ante la ausencia de una tradición editorial dentro de las universidades, sobre
todo de pregrado. En marzo de 2012, el Consejo de Educación Superior emite el
«Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de EducaciónSuperior», donde se define a las obras relevantes a la luz del organismo
estatal: «Se entenderá como obra relevante a la producción académica que
represente un aporte en el desarrollo y sistematización del conocimiento y la
cultura, que contribuya a nuevos avances o a la consolidación de los
correspondientes campos de conocimiento de carácter disciplinario, inter,
multi o transdisciplinario; de igual manera, se considera obra relevante al
desarrollo de procesos y productos tecnológicos que generen innovación y/o
transferencia de tecnología, debidamente fundamentados teórica y
empíricamente; asimismo, se considerará obra relevante a la creación o
producción artística que favorezca al desarrollo de la cultura y el arte».
En los artículos 71, 72 y 73 de ese mismo Reglamento se norman los aspectos
determinantes para la relevancia y la pertinencia de esas obras publicadas y el
procedimiento para su validación. El artículo 71, literal a, numeral 1,
establece el siguiente criterio de relevancia para libros, capítulos de libro y
artículos: «Obra de autoría individual o colectiva, revisada por al menos dos
pares académicos (recomendable revisión a doble ciego) externos a la
institución de educación superior, y que tengan la experticia
correspondiente, por un Comité Editorial o experto, o publicada por una
Editorial de prestigio». Frente a lo cual, se planteaban algunas necesidades
urgentes: la creación de departamentos editoriales dentro de las universidades
o dentro de las áreas académicas, la formación de comités editoriales y la
búsqueda desesperada de pares académicos «ciegos» dentro de las mismas Instituciones
de Educación Superior (IES) y fuera de ellas.
Debido a que al menos el 17% de la acreditación de las IES depende de su
producción editorial, publicar (mas no editar) libros se volvió una práctica determinante.
Sobre todo porque el Modelo de Evaluación Institucional de Universidades y
Escuela Politécnicas valora solo la producción de obras de profesores a tiempo
completo. Así, las estadísticas de la Cámara Ecuatoriana del Libro empezaron a
crecer cada año y las solicitudes de ISBN a aumentar diariamente. De hecho, la
única información que poseemos los editores del movimiento editorial dentro de
las universidades viene del informe anual de la Cámara del Libro. Sin embargo,
dicho informe se establece a través del famoso International Standard Book
Number (ISBN), es decir, donde constan todas las publicaciones universitarias
que hayan solicitado dicho código, no solo las «obras de relevancia», sino
también aquellas que no son consideradas tales por el organismo estatal, a
saber: manuales o guías de trabajo docente, informes, planes estratégicos,
glosarios, reimpresiones, etc.
Hay una obviedad que no parece asimilarse del todo en este país: el International
Standard Book Number no garantiza la calidad de ninguna publicación. Se puede
obtener mediante un formulario que otorga la Cámara del Libro y el pago, desde
luego, de una cantidad por dicho trámite. O sea que las estadísticas de
editoriales universitarias que ofrece dicha Cámara no pueden revelar ciertos
aspectos importantísimos sobre la producción: relevancia, pertinencia, procesos
editoriales, etc. Pero al menos da una panorámica del movimiento, a falta de
informes completos de los propios organismos estatales, como el SistemaNacional de Información de Educación Superior del Ecuador (SNIESE) o el Gestor
de Información de las Instituciones de Educación Superior (GIIES), donde solo
se puede acceder al reporte de las publicaciones de la propia universidad, con
una clave y un usuario.
Que el estándar del Modelo de Evaluación Institucional del CEAACES exige
(sic) la producción en promedio de 0,5 libros por profesor con dedicación
exclusiva durante los últimos tres años, explica la creciente cantidad de
títulos que aparecen en las estadísticas de la Cámara del Libro. En el
subsector editorial Científicos, Técnicos y Profesionales («libros técnicos, universitarios
y especializados»), se publicaron, en 2016, 1192 títulos, en comparación a
2015, cuando se produjeron 1258. En total, en 2016, se tiraron 887.634
ejemplares. Estos 1192 títulos son primeras ediciones, pero no es posible saber
si corresponden a lo que los organismos estales llaman «obras de relevancia».
Lo que sí llama la atención es la producción desmesurada de ciertas
universidades en comparación con sus años anteriores y también la poca
producción de libros que mantienen algunas instituciones de pregrado
consideradas de categoría A (ver cuadro 1 y 2). Hablamos de las instituciones
de pregrado porque las IES cuya oferta es exclusiva de postgrado tienen una
larga trayectoria editorial que es importante, al menos la UASB y FLACSO, que
mantienen un promedio similar de producción de títulos todos los años.
Cuadro 1
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| Fuente: Cámara Ecuatoriana del Libro. Estadísticas y datos ISBN 2016. |
Cuadro 2
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| Fuente: Cámara Ecuatoriana del Libro. Estadísticas y datos ISBN 2016. |
La producción editorial en las universidades depende muchísimo de otros
factores esenciales como la dedicación exclusiva de docentes a la
investigación, el apoyo a los proyectos de investigación cuyos resultados
redunden en publicaciones de libros, la cantidad de docentes a tiempo completo
con maestría y PhD, y los recursos que las IES destinan para ello. Pero sobre
todo depende de la consolidación de hábitos de escritura académica, porque no
es saludable ni justo obligar a publicar a nadie. Escribir una obra requiere de
un trabajo de investigación que puede tardar años. De allí hasta que ese
manuscrito final se publique, si una editorial universitaria es rigurosa y
seria, toma también su tiempo. Por ello la exigencia del organismo de
acreditación es soñada y ojalá algún día se pueda alcanzar la media, aunque no
habrá bodega que aguante.
Si bien se han publicado 1192 títulos y 887.634 ejemplares en 2017, resta saber cómo se están
distribuyendo. ¿Están en librerías? ¿Se venden en ferias del libro? ¿Se
distribuyen gratuitamente? ¿Se realizan
canjes con otras bibliotecas? ¿Se pagan regalías por derechos de autor? ¿Forman
parte de la formación de los estudiantes? El trabajo del editor no termina con
publicar una obra, esta es quizá la primera parte. La distribución y difusión
de lo que producen las universidades es tarea esencial. Ante una realidad
asombrosa para otros mercados editoriales: la falta de distribuidores en
Ecuador, el editor debe establecer contacto directo con las librerías y
participar en ferias. Asimismo ocurre con otra realidad que ha perjudicado incluso
a los grandes monopolios editoriales, que han cerrado sus oficinas en el país:
el Estado no compra libros para sus bibliotecas públicas. La misma Biblioteca
Nacional Eugenio Espejo no tiene presupuesto para compra de libros, solo recibe
donaciones, y no ha sido actualizada al menos desde hace dos décadas. ¿Estamos,
entonces, editando o publicando libros, o quizá inventando una realidad
editorial que solo existe como evidencia para lograr una acreditación?
Todavía no se han publicado las estadísticas del año 2017, pero el panorama
no debe ser muy distinto al de años anteriores. Aumentarán seguramente, en
ciertos casos, el número de títulos publicados, ya que algunas universidades
entrarán este año en etapa de recategorización. Y las publicaciones son una de
las evidencias que mayor peso tendrá en este proceso. Por supuesto, en el caso
de libros, solo aquellos de docentes a tiempo completo y que hayan pasado por
una revisión de pares ciegos, lo que deslegitima la labor editorial de universidades
que publican a autores reconocidos externos a la universidad, a exdocentes, a
estudiantes destacados, etc., y favorece la endogamia. La realidad es
terriblemente cruel, ya que no todos los docentes a tiempo completo están
preparados para producir un libro y aun un capítulo de libro. Consolidar
espacios de escritura académica es absolutamente necesario dentro de las IES.
Hay, por otra parte, una clara desventaja de los docentes nacionales frente
a los docentes extranjeros que ocupan plazas en universidades ecuatorianas. Sus
medios académicos llevan varios lustros de ventaja en el tema de publicaciones
y sus mercados editoriales están consolidados. Solo hay que asistir a sus ferias
internacionales de libro, donde existen pabellones enteros dedicados a la
edición universitaria, jornadas profesionales y de compraventa de derechos de
autor.
Por último, según establece el Código Orgánico de la Economía Social de losConocimientos, Creatividad e Innovación (el famoso «Código Ingenios»), aprobado
por la Asamblea Nacional en noviembre de 2016, en el caso de las obras creadas
en universidades y escuelas politécnicas como resultado de la actividad
académica o de investigación, «la titularidad de los derechos patrimoniales
corresponderá a los autores. Sin embargo, el establecimiento tendrá una
licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la obra con fines
académicos?». O sea, los autores no pueden ceder los derechos a las IES con
fines de explotación, lo que impide, en primera instancia, la comercialización
de las obras. Sin embargo, el mismo Código establece, en el mismo artículo 114,
que «el establecimiento podrá realizar un uso comercial de la obra previa
autorización de los titulares (…). En cuyo caso corresponderá a los autores un
porcentaje no inferior al cuarenta por ciento de los beneficios económicos
resultantes de esta explotación». Un pago que, aunque intenta precautelar el
derecho de autor, resulta exagerado en un medio en que los ejemplares de los libros académicos se difunden más por
medio de donaciones o canjes.
En esas condiciones, es imposible hablar de un «mercado editorial» del
libro universitario en Ecuador. Las editoriales universitarias se convierten en
centros de apoyo a los docentes para publicar, no en empresas editoriales
propiamente dichas. Si consideramos que ante la ausencia de distribuidores, las
librerías exigen entre el 30% y el 40% del PVP, y a eso se suma el 40% del
ingenioso código en pago de los «beneficios económicos» a los autores, no hay
editorial de las IES que se sostenga. Así de simple. Rever, entonces, las
políticas estatales en torno a la producción y circulación del libro en Ecuador
es una deuda urgente y debe involucrar a todos quienes estamos inmersos en la
cadena editorial, porque lo que sucede dentro de las IES es solo la cabeza
calva de un monstruo llamado Modelo de Evaluación Institucional.
Publicado en CartónPiedra
de diario El Telégrafo el viernes 23
de febrero de 2018.
